Mi?rcoles, 13 de diciembre de 2006

NUEVA LEY DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN COLOMBIA (Tercera Entrega)

CAPITULO V

Procedimiento judicial y reglas especiales

Art?culo 119. Competencia del Juez de Familia en Unica Instancia. Sin perjuicio de las competencias asignadas por otras leyes, corresponde al juez de familia, en ?nica instancia:

1. La homologaci?n de la resoluci?n que declara la adoptabilidad de ni?os, ni?as o adolescentes.

2. La revisi?n de las decisiones administrativas proferidas por el Defensor de Familia o el comisario de familia, en los casos previstos en esta ley.

3. De la restituci?n internacional de ni?os, ni?as y adolescentes.

4. Resolver sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el Comisario de Familia haya perdido competencia.

Par?grafo. Los asuntos regulados en este c?digo deber?an ser tramitados con prelaci?n sobre los dem?s, excepto los de tutela y habeas corpus, y en todo caso el fallo deber? proferirse dentro de los dos meses siguientes al recibo de la demanda, del informe o del expediente, seg?n el caso. El incumplimiento de dicho t?rmino constituye causal de mala conducta.

Art?culo 120. Competencia del Juez Municipal. El Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal conocer? de los asuntos que la presente ley atribuye al juez de familia, en ?nica instancia en los lugares donde no exista este.

Art?culo 121. Iniciaci?n del proceso y adopci?n de medidas urgentes. Los asuntos a que se refiere esta ley se iniciar?n a instancia del Defensor de Familia, del representante legal del ni?o, ni?a o adolescente, o de la persona que lo tenga bajo su cuidado. El juez podr? iniciarlos tambi?n de oficio.

Al momento de iniciar el proceso el juez deber? adoptar las medidas de urgencia que la situaci?n amerite para proteger los derechos del ni?o, ni?a o adolescente.

Art?culo 122. Acumulaci?n de pretensiones y pronunciamiento oficioso. Podr?n acumularse en una misma demanda pretensiones relacionadas con uno o con varios ni?os, ni?as o adolescentes, respecto de los mismos padres, representantes legales, o personas que los tengan bajo su cuidado, siempre que el juez sea competente para conocer de todas.

El juez deber? pronunciarse sobre todas las situaciones establecidas en el proceso que comprometan los intereses del ni?o, la ni?a o el adolescente, aunque no hubieren sido alegadas por las partes y cuando todas ellas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

Art?culo 123. Homologaci?n de la declaratoria de adoptabilidad. La sentencia de homologaci?n de la declaratoria de adoptabilidad se dictar? de plano; producir?, respecto de los padres, la terminaci?n de la patria potestad del ni?o, la ni?a o el adolescente adoptable y deber? ser inscrita en el libro de varios de la notar?a o de la Oficina de Registro del Estado Civil.

Si el juez advierte la omisi?n de alguno de los requisitos legales, ordenar? devolver el expediente al Defensor de Familia para que lo subsane.

Art?culo 124. Adopci?n. Es competente para conocer el proceso de adopci?n en primera instancia el juez de familia del domicilio de la persona o entidad a cuyo cargo se encuentre el ni?o, ni?a o adolescente. La demanda s?lo podr? ser formulada por los interesados en ser declarados adoptantes, mediante apoderado.

A la demanda se acompa?ar?n los siguientes documentos:

1. El consentimiento para la adopci?n, si fuere el caso.

2. La copia de la declaratoria de adoptabilidad o de la autorizaci?n para la adopci?n, seg?n el caso.

3. El registro civil de nacimiento de los adoptantes y el del ni?o, ni?a o adolescente.

4. El registro civil de matrimonio o la prueba de la convivencia extramatrimonial de los adoptantes.

5. La certificaci?n del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de una entidad autorizada para el efecto, sobre la idoneidad f?sica, mental, social y moral de los adoptantes, expedida con antelaci?n no superior a seis meses, y la constancia de la entidad respectiva sobre la integraci?n personal del ni?o, ni?a o adolescente con el adoptante o adoptantes.

6. El certificado vigente de antecedentes penales o policivos de los adoptantes.

7. La certificaci?n actualizada sobre la vigencia de la licencia de funcionamiento de la instituci?n donde se encuentre albergado el ni?o, ni?a o adolescente, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

8. La aprobaci?n de cuentas del curador, si procede.

Par?grafo. Para los fines de la adopci?n, la convivencia extramatrimonial podr? probarse por cualquiera de los medios siguientes:

1. Inscripci?n del compa?ero o compa?era permanente en los registros de las Cajas de Compensaci?n Familiar o de las instituciones de seguridad o previsi?n social.

2. Inscripci?n de la declaraci?n de convivencia que haga la pareja, en la Notar?a del lugar del domicilio de la misma, con antelaci?n no menor de dos a?os.

3. El Registro Civil de Nacimiento de los hijos habidos por la pareja.

Cuando se trate de compa?eros permanentes residentes en el exterior, la convivencia extramatrimonial se probar? de conformidad con la legislaci?n del pa?s de residencia de los solicitantes.

Art?culo 125. Requisitos adicionales para adoptantes extranjeros. Cuando los adoptantes sean extranjeros que residan fuera del pa?s, deber?n aportar, adem?s, los siguientes documentos:

1. Certificaci?n expedida por la entidad gubernamental o privada oficialmente autorizada, donde conste el compromiso de efectuar el seguimiento del ni?o, ni?a o adolescente adoptable hasta su nacionalizaci?n en el pa?s de residencia de los adoptantes.

2. Autorizaci?n del Gobierno del pa?s de residencia de los adoptantes para el ingreso del ni?o, ni?a o adolescente adoptable.

3. Concepto favorable a la adopci?n, emitido por el Defensor de Familia con base en la entrevista que efect?e con los adoptantes y el examen de la documentaci?n en que la entidad autorizada para efectuar programas de adopci?n recomienda a los adoptantes.

Par?grafo. Los documentos necesarios para la adopci?n, ser?n autenticados conforme a las normas del C?digo de Procedimiento Civil, y no requieren de ratificaci?n ulterior. Si no estuvieren en espa?ol, deber?n acompa?arse de su traducci?n, efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores por un traductor oficialmente autorizado.

Art?culo 126. Reglas especiales del procedimiento de adopci?n. En los procesos de adopci?n se seguir?n las siguientes reglas especiales:

1. Admitida la demanda se correr? el traslado al Defensor de Familia por el t?rmino de tres (3) d?as h?biles. Si el Defensor se allanare a ella, el Juez dictar? sentencia dentro de los diez (10) d?as h?biles siguientes a su admisi?n.

El Juez podr? se?alar un t?rmino de m?ximo diez (10) d?as, para decretar y practicar las pruebas que considere necesarias. Vencido este t?rmino, tomar? la decisi?n correspondiente.

2. Suspensi?n del Proceso. Se podr? solicitar la suspensi?n del proceso hasta por un t?rmino de tres meses improrrogables, siempre que exista causa justificada. Pueden solicitar la suspensi?n o reanudaci?n del proceso los adoptantes o el Defensor de Familia.

3. Terminaci?n anticipada del proceso. Cuando falleciere el solicitante de la adopci?n antes de proferirse la sentencia el proceso terminar?.

Si la solicitud de adopci?n fuere conjunta y uno de los adoptantes falleciere antes de proferirse la sentencia, el proceso continuar? con el sobreviviente si manifiesta su intenci?n de persistir en ella, caso en el cual la sentencia que se profiera solo surtir? efectos respecto de este; en caso contrario el proceso terminar?.

4. Notificaci?n de la sentencia. Por lo menos uno de los adoptantes deber? concurrir personalmente al juzgado a recibir notificaci?n de la sentencia.

5. Contenido y efectos de la sentencia. La sentencia que decrete la adopci?n deber? contener los datos necesarios para que su inscr ipci?n en el registro civil constituya el acta de nacimiento y reemplace la de origen, la cual se anular?. Una vez en firme se inscribir? en el Registro del Estado Civil y producir? todos los derechos y obligaciones propios de la relaci?n paterno o materno-filial, desde la fecha de presentaci?n de la demanda. En todo caso, en la sentencia deber? omitirse mencionar el nombre de los padres de sangre.

La sentencia que decrete la adopci?n podr? ser apelada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, de conformidad con el tr?mite establecido en el C?digo de Procedimiento Civil, en donde intervendr? el Defensor de Familia.

Art?culo 127. Seguridad Social de los Adoptantes y Adoptivos. El padre y la madre adoptantes de un menor tendr?n derecho al disfrute y pago de la licencia de maternidad establecida en el numeral 4 del art?culo 34 la Ley 50 de 1990 y dem?s normas que rigen la materia, la cual incluir? tambi?n la licencia de paternidad consagrada en la Ley 755 de 2002, incluyendo el pago de la licencia a los padres adoptantes.

Los menores adoptivos tendr?n derecho a ser afiliados a la correspondiente EPS o ARS, desde el momento mismo de su entrega a los padres adoptantes por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Art?culo 128. Requisito para la salida del pa?s. El ni?o, la ni?a o el adolescente adoptado s?lo podr? salir del pa?s cuando la sentencia que decrete la adopci?n est? ejecutoriada. Las autoridades de emigraci?n exigir?n copia de la providencia con la constancia de ejecutoria.

Art?culo 129. Alimentos. En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del Defensor de Familia, el juez fijar? cuota provisional de alimentos, siempre que haya prueba del v?nculo que origina la obligaci?n alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia econ?mica del alimentante, el juez podr? establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posici?n social, costumbres y en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad econ?mica. En todo caso se presumir? que devenga al menos el s alario m?nimo legal.

La sentencia podr? disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante la constituci?n de un capital cuya renta los satisfaga. En tal caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los diez d?as h?biles siguientes, el juez proceder? en la forma indicada en el inciso siguiente.

El juez deber? adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliaci?n o en la sentencia que los se?ale. Con dicho fin decretar? embargo, secuestro, aval?o y remate de los bienes o derechos de aqu?l, los cuales se practicar?n con sujeci?n a las reglas del proceso ejecutivo.

El embargo se levantar? si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta cauci?n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a?os siguientes.

Cuando se trate de arreglo privado o de conciliaci?n extrajudicial, con la copia de aqu?l o del acta de la diligencia el interesado podr? adelantar proceso ejecutivo ante el juez de familia para el cobro de las cuotas vencidas y las que en lo sucesivo se causen.

Cuando se tenga informaci?n de que el obligado a suministrar alimentos ha incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por m?s de un mes, el juez que conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el que adelante el ejecutivo dar? aviso al Departamento Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la salida del pa?s hasta tanto preste garant?a suficiente del cumplimiento de la obligaci?n alimentar?a y ser? reportado a las centrales de riesgo.

La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliaci?n o en acuerdo privado se entender? reajustada a partir de l 1? de enero siguiente y anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al ?ndice de precios al consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las partes de com?n acuerdo, establezcan otra f?rmula de reajuste peri?dico.

Con todo, cuando haya variado la capacidad econ?mica del alimentante o las necesidades del alimentario, las partes de com?n acuerdo podr?n modificar la cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podr? pedirle al juez su modificaci?n. En este ?ltimo caso el interesado deber? aportar con la demanda por lo menos una copia informal de la providencia, del acta de conciliaci?n o del acuerdo privado en que haya sido se?alada.

Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligaci?n alimentaria que tenga respecto del ni?o, ni?a o adolescente, no ser? escuchado en la reclamaci?n de su custodia y cuidado personal ni en ejercicio de otros derechos sobre ?l o ella.

Lo dispuesto en este art?culo se aplicar? tambi?n al ofrecimiento de alimentos a ni?os, ni?as o adolescentes.

El incumplimiento de la obligaci?n alimentaria genera responsabilidad penal.

Art?culo 130. Medidas especiales para el cumplimiento de la obligaci?n alimentaria. Sin perjuicio de las garant?as de cumplimiento de cualquier clase que convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomar? las siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacci?n de la obligaci?n alimentaria:

1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el Juez podr? ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a ?rdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley. El incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aqu?l o de este se extender? la orden de pago.

2. Cuando no sea posible el embargo del salario y de las prestaciones, pero se demuestre el derecho de dominio sobre bienes muebles o inmuebles, o la titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales de cualquier otra naturaleza, en cabeza del demandado, el Juez podr? decretar medidas cautelares sobre ellos, en cantidad suficiente para garantizar el pago de la obligaci?n y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los frutos que produzcan. Del embargo y secuestro quedar?n excluidos los ?tiles e implementos de trabajo de la persona llamada a cumplir con la obligaci?n alimentaria.

Art?culo 131. Acumulaci?n de procesos de alimentos. Si los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados por virtud de una acci?n anterior fundada en alimentos o afectos al cumplimiento de una sentencia de alimentos, el juez, de oficio o a solicitud de parte, al tener conocimiento del hecho en un proceso concurrente, asumir? el conocimiento de los distintos procesos para el s?lo efecto de se?alar la cuant?a de las varias pensiones alimentarias, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios.

Art?culo 132. Continuidad de la obligaci?n alimentaria. Cuando a los padres se imponga la sanci?n de suspensi?n o p?rdida de la patria potestad, no por ello cesar? la obligaci?n alimentaria. Esta obligaci?n termina cuando el ni?o, la ni?a o el adolescente es entregado en adopci?n.

Art?culo 133. Prohibiciones en relaci?n con los alimentos. El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. El que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensaci?n lo que el demandante le deba a ?l.

No obstante lo anterior, las pensiones alimentarias atrasadas podr?n renunciarse o compensarse y el derecho de demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse, con autorizaci?n judicial, sin perjuicio de la prescripci?n que compete alegar al deudor.

Art?culo 134. Prelaci?n de los cr?ditos por alimentos. Los cr?ditos por alimentos a favor de los ni?os, las ni?as y los adolescentes gozan de prelaci?n sobre todos los dem?s.

Art?culo 135. Legitimaci?n especial. Con el prop?sito de hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria, cualquiera de los representantes legales del ni?o, ni?a o adolescente o el Defensor de Familia podr?n promover, ante los jueces competentes, los procesos que sean necesarios, inclusive los encaminados a la revocaci?n o declaraci?n de la simulaci?n de actos de disposici?n de bienes del alimentante.

Art?culo 136. Privaci?n de la administraci?n de los bienes del ni?o, ni?a o adolescente. En el proceso para la privaci?n de la administraci?n de los bienes del ni?o, ni?a o adolescente, el juez podr? decretar la suspensi?n provisional de las facultades de disposici?n y de administraci?n de los bienes y la designaci?n de un tutor o un curador, seg?n se trate.

Art?culo 137. Restituci?n internacional de ni?os, las ni?as o los adolescentes. Con el informe del Defensor de Familia sobre el desacuerdo para la restituci?n internacional del ni?o, ni?a o adolescente, el juez de familia iniciar? el proceso.

El Defensor de Familia intervendr? en representaci?n del inter?s del ni?o, ni?a o adolescente retenido il?citamente, sin perjuicio de la actuaci?n del apoderado de la parte interesada.

Art?culo 138. Corregido por el art. 2, Decreto Nacional 4011 de 2006. Obligaci?n especial para las autoridades competentes de restablecimiento de derechos. En todos los casos y de manera inmediata a su conocimiento, la autoridad competente deber? realizar la verificaci?n de la garant?a de derechos ordenada en el art?culo 51 de esta ley.

LIBRO II

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA CUANDO LOS NI?OS, LAS NI?AS O LOS ADOLESCENTES SON VICTIMAS DE DELITOS

T I T U L O I

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES Y OTRAS DISPOSICIONES

CAPITULO I

Principios rectores y definiciones del proceso

Art?culo 139. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigaci?n y juzgamiento de delitos cometi dos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) a?osa? momento de cometer el hecho punible.

Art?culo 140. Finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son de car?cter pedag?gico, espec?fico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protecci?n integral. El proceso deber? garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparaci?n del da?o.

En caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, as? como para todo efecto hermen?utico, las autoridades judiciales deber?n siempre privilegiar el inter?s superior del ni?o y orientarse por los principios de la protecci?n integral, as? como los pedag?gicos, espec?ficos y diferenciados que rigen este sistema.

Par?grafo. En ning?n caso, la protecci?n integral puede servir de excusa para violar los derechos y garant?as de los ni?os, las ni?as y los adolescentes.

Art?culo 141. Principios del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Los principios y definiciones consagrados en la Constituci?n Pol?tica, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la presente ley se aplicar?n en el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes.

Art?culo 142. Exclusi?n de la responsabilidad penal para adolescentes. Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, as? como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del art?culo 25 del C?digo Penal, las personas menores de catorce (14) a?os, no ser?n juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicaci?n de haber cometido una conducta punible. La persona menor de catorce (14) a?os deber? ser entregada inmediatamente por la polic?a de infancia y adolescencia ante la autoridad competente para la verificaci?n de la garant?a de sus derechos de acuerdo con lo establecido en esta ley. La polic?a proceder? a su identificaci?n y a la recolecci?n de los datos de la conducta p unible.

Tampoco ser?n juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) a?os con discapacidad ps?quico o mental, pero se les aplicar? la respectiva medida de seguridad. Estas situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde relaci?n con la discapacidad.

Art?culo 143. Ni?os y ni?as menores de catorce (14) a?os. Cuando una persona menor de catorce (14) a?os incurra en la comisi?n de un delito s?lo se le aplicar?n medidas de verificaci?n de la garant?a de derechos, de su restablecimiento y deber?n vincularse a procesos de educaci?n y de protecci?n dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observar?n todas las garant?as propias del debido proceso y el derecho de defensa.

Si un ni?o o ni?a o un adolescente menor de catorce (14) a?os es sorprendido en flagrancia por una autoridad de polic?a, esta lo pondr? inmediatamente o a m?s tardar en el t?rmino de la distancia a disposici?n de las autoridades competentes de protecci?n y restablecimiento de derechos. Si es un particular quien lo sorprende, deber? ponerlo de inmediato a disposici?n de la autoridad policial para que esta proceda en la misma forma.

Par?grafo 1?. Cuando del resultado de una investigaci?n o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un ni?o o ni?a o un adolescente menor de catorce (14) a?os en la comisi?n de un delito, se remitir? copia de lo pertinente a las autoridades competentes de protecci?n y restablecimiento de derechos.

Par?grafo 2?. El ICBF establecer? los lineamientos t?cnicos para los programas especiales de protecci?n y restablecimiento de derechos, destinados a la atenci?n de los ni?os, ni?as o adolescentes menores de catorce (14) a?os que han cometido delitos.

Art?culo 144. Procedimiento aplicable. Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regir? por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), exceptuando aquellas que sean contrarias al inter?s superior del adolescente.

Art?culo 145. Polic?a Judicial en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En los procesos en que est?n involucrados ni?os, ni?as o adolescentes como autores o part?cipes de un delito, o como v?ctimas de los mismos, har? las veces de polic?a judicial la polic?a de infancia y adolescencia, o en su defecto los miembros de la polic?a judicial que sean capacitados en derechos humanos y de infancia. En todo caso en las diligencias que se adelanten estar? presente un Defensor de Familia.

Art?culo 146. El Defensor de Familia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En todas las actuaciones del proceso y en las etapas de indagaci?n, investigaci?n y del juicio, el adolescente deber? estar acompa?ado por el Defensor de Familia, quien verificar? la garant?a de los derechos del adolescente.

Art?culo 147. Audiencias en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Las audiencias que se surtan en el proceso de responsabilidad penal para adolescentes, ante los jueces de control de garant?as y ante los jueces de conocimiento, ser?n cerradas al p?blico si el juez considera que la publicidad del procedimiento expone a un da?o psicol?gico al ni?o, ni?a o adolescente. Cuando as? lo disponga, en ellas solamente podr?n intervenir los sujetos procesales.

Art?culo 148. Car?cter especializado. La aplicaci?n de esta ley tanto en el proceso como en la ejecuci?n de medidas por responsabilidad penal para adolescentes, estar? a cargo de autoridades y ?rganos especializados en materia de infancia y adolescencia.

Par?grafo. Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de derechos de los menores de 14 a?os y ejecuci?n de sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 16 a?os y de 16 a 18 a?os que cometan delitos, el ICBF dise?ar? los lineamientos de los programas especializados en los que tendr?n prevalencia los principios de pol?tica p?blica de fortalecimiento a la familia de conformidad con la Constituci?n Pol?tica y los Tratados, Convenios y Reglas Internacionales que rigen la materia.

Art?culo 149. Presunci?n de edad. Cuando exista duda en relaci?n con la edad del adolescente y mientras la autoridad pericial competente lo define, se presume que es menor de 18 a?os. En todo caso se presumir? la edad inferior.

Art?culo 150. Pr?ctica de testimonios. Los ni?os, las ni?as y los adolescentes podr?n ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podr? tomar el Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor s?lo formular? las preguntas que no sean contrarias a su inter?s superior.

Excepcionalmente, el juez podr? intervenir en el interrogatorio del ni?o, la ni?a o el adolescente para conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevar? a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus derechos prevalentes.

El mismo procedimiento se adoptar? para las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la Polic?a Judicial y la Fiscal?a durante las etapas de indagaci?n o investigaci?n.

A discreci?n del juez, los testimonios podr?n practicarse a trav?s de comunicaci?n de audio video, caso en el cual no ser? necesaria la presencia f?sica del ni?o, la ni?a o el adolescente.

Art?culo 151. Derecho al debido proceso y a las garant?as procesales. Los adolescentes que cometan delitos tienen derecho al debido proceso penal, a las garant?as procesales b?sicas tales como: la presunci?n de inocencia, el derecho a ser notificado de las imputaciones, el derecho de defensa y de contradicci?n, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la confrontaci?n con los testigos e interrogar a estos, el derecho de apelaci?n ante autoridad superior y, las dem?s garant?as consagradas en la Constituci?n, la ley y los tratados internacionales.

En todos los casos los derechos de los que goza bajo el presente. sistema un adolescente autor o part?cipe de una conducta punible son, como m?nimo, los previstos por la Ley 906 de 2004.

Art?culo 152. Principio de legalidad. Ning?n adolescente podr? ser investigado acusado, ni juzgado por acto u omisi?n, al momento de la comisi?n del delito que no est? previamente definido en la ley penal vigente, de manera expresa e inequ?voca. El adolescente declarado responsable por la autoridad judicial de la comisi?n de un delito s?lo podr? ser sancionado con la imposici?n de las medidas definidas en la presente ley.

Art?culo 153. Reserva de las diligencias. Las actuaciones procesales adelantadas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, s?lo podr?n ser conocidas por las partes, sus apoderados, y los organismos de control.

La identidad del procesado, salvo para las personas mencionadas en el inciso anterior, gozar? de reserva.

Queda prohibido revelar la identidad o imagen que permita la identificaci?n de las personas procesadas.

Art?culo 154. Derecho de defensa. El adolescente durante toda la actuaci?n procesal y a?n antes de la imputaci?n deber? tener un apoderado que adelante su defensa t?cnica. Ninguna actuaci?n procesal tendr? validez si no est? presente su apoderado. El adolescente podr? designar apoderado, quien tendr? derecho a revisar las diligencias y a actuar desde el momento de la noticia criminal.

En caso de no contar con apoderado, el mismo adolescente, el Ministerio P?blico, o la polic?a judicial, solicitar?n la asignaci?n de un defensor del Sistema de Defensor?a P?blica de la Defensor?a del Pueblo.

Art?culo 155. Principio de inmediaci?n. Ninguna actuaci?n que se adelante en la etapa de juicio tendr? validez si no es adelantada directamente por el funcionario judicial. La violaci?n de este principio ser? causal de destituci?n del cargo.

Art?culo 156. Adolescentes ind?genas y dem?s grupos ?tnicos. Los adolescentes pertenecientes a las comunidades ind?genas ser?n juzgados seg?n las normas y procedimientos de sus propias comunidades conforme en la legislaci?n especial ind?gena consagrada en el art?culo 246 de la Constituci?n Pol?tica, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y la ley. Siempre y cuando la sanci?n impuesta no sea contraria a su dignidad, tampoco se permitir? que sea sometido a maltrato ni a vejaciones y se informar? a la autoridad judicial sobre la actuaci?n o procedimiento a seguir por parte de la comunidad frente a la medida que sea tomada.

Par?grafo. Los ni?os, las ni?as y los adolescentes que se encuentren fuera del ?mbito de su comunidad y que cometan delitos, ser?n sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, si no quieren retornar a sus comunidades de origen.

Art?culo 157. Prohibiciones especiales. En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes no proceden los acuerdos entre la Fiscal?a y la Defensa.

Cuando el adolescente aceptare los cargos en la audiencia de legalizaci?n de la aprehensi?n o de imputaci?n se proceder? a remitir el asunto al juez de conocimiento para que fije la fecha para la audiencia de imposici?n de la sanci?n. El juez instar? a la Defensor?a de Familia para que proceda al estudio de la situaci?n familiar, econ?mica, social, sicol?gica y cultural del adolescente y rinda el informe en dicha audiencia.

El Juez al proceder a seleccionar la sanci?n a imponer tendr? en cuenta la aceptaci?n de cargos por el adolescente, y durante la ejecuci?n de la sanci?n ser? un factor a considerar para la modificaci?n de la misma.

Art?culo 158. Prohibici?n de juzgamiento en ausencia. Los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no ser?n juzgados en su ausencia. En caso de no lograrse su comparecencia se continuar? la investigaci?n y el defensor p?blico o apoderado asumir? plenamente su defensa hasta la acusaci?n o la preclusi?n. Si hay acusaci?n, se notificar? al defensor p?blico o apoderado y al Defensor de Familia. El proceso se suspender? mientras se logra la comparecencia del procesado. En estos eventos la prescripci?n de la acci?n penal se aumentar? en una tercera parte.

Art?culo 159. Prohibici?n de antecedentes. Las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendr?n el car?cter de antecedente judicial. Estos registros son reservados y podr?n ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida.

Las entidades competentes deber?n hacer compatibles los sistemas de informaci?n para llevar el registro de los adolescentes que han cometido delitos, con el objeto de definir los lineamientos de la pol?tica criminal para adolescentes y j?venes.

Art?culo 160. Concepto de la privaci?n de la libertad. Se entiende por privaci?n de la libertad toda forma de internamiento, en un establecimiento p?blico o privado, ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al adolescente salir por su propia voluntad.

Art?culo 161. Excepcionalidad de la privaci?n de libertad. Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privaci?n de la libertad s?lo procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido catorce (14) y sean menores de dieciocho (18) a?os. La privaci?n de la libertad s?lo proceder? como medida pedag?gica.

Art?culo 162. Separaci?n de los adolescentes privados de la libertad. La privaci?n de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplir? en establecimientos de atenci?n especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar siempre separados de los adultos.

En tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial proceder? a otorgarles, libertad provisional o la detenci?n domiciliaria.

CAPITULO II

Autoridades y entidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Art?culo 163. Integraci?n. Forman parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes:

1. Los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales para adolescentes, quienes se ocupar?n de la direcci?n de las investigaciones en las cuales se encuentren presuntamente comprometidos adolescentes, como autores o part?cipes de conductas delictivas.

2. Los Jueces Penales para adolescentes, Promiscuos de Familia y los Municipales quienes adelantar?n las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley.

3. Las Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que integrar?n la Sala de Asuntos Penales para adolescentes en los mismos tribunales, ante quienes se surtir? la segunda instancia.

4. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci?n Penal, ante la cual se tramitar? el recurso extraordinario de casaci?n, y la acci?n de revisi?n.

5. La Polic?a Judicial y el Cuerpo T?cnico Especializados adscritos a la Fiscal?a delegada ante los jueces Penales para adolescentes y Promiscuos de Familia.

6. La Polic?a Nacional con su personal especializado quien deber? apoyar las acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema.

7. Los Defensores P?blicos del Sistema Nacional de Defensor?a P?blica de la Defensor?a del Pueblo, quienes deben asumir la defensa t?cnica del proceso, cuando el ni?o, ni?a o adolescente carezca de apoderado.

8. Las Defensor?as de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las Comisar?as de Familia, o los Inspectores de Polic?a, cuando deban tomar las medidas para la verificaci?n de la garant?a de derechos, y las medidas para su restablecimiento.

9. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien responder? por los lineamientos t?cnicos para la ejecuci?n de las medidas pedag?gicas dispuestas en este Libro.

10. Las dem?s Instituciones que formen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Par?grafo 1?. Cada responsable de las entidades que integran el Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes deber? garantizar la provisi?n o asignaci?n de los cargos que se requieran para su funcionamiento y la especializaci?n del personal correspondiente.

Par?grafo 2?. La designaci?n de quienes conforman el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deber? recaer en personas que demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y familia, y de las normas internas e internacionales relativas a derechos humanos.

Par?grafo 3?. Los equipos que desarrollan programas especializados, brindar?n a las Autoridades judiciales apoyo y asesor?a sobre el proceso de cada uno de los adolescentes que est?n vinculados a estos programas, informando los progresos y necesidades que presenten.

Art?culo 164. Los juzgados penales para adolescentes. Cr?anse en t odo el territorio nacional dentro de la jurisdicci?n penal ordinaria, los juzgados penales para adolescentes.

Par?grafo 1?. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura tomar?n las medidas necesarias para garantizar la creaci?n y el funcionamiento de los juzgados penales para adolescentes en todo el pa?s.

Par?grafo 2?. Los Jueces de Menores asumir?n de manera transitoria las competencias asignadas por la presente ley a los jueces penales para adolescentes, hasta que se creen los juzgados penales para adolescentes.

Art?culo 165. Competencia de los jueces penales para adolescentes. Los jueces penales para adolescentes conocer?n del juzgamiento de las personas menores de dieciocho (18) a?os y mayores de catorce (14) a?os acusadas de violar la ley penal. Igualmente conocer?n de la funci?n de control de garant?as en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no sean de su conocimiento.

Art?culo 166. Competencia de los Jueces Promiscuos de Familia en materia penal. En los sitios en los que no hubiera un juez penal para adolescentes el Consejo de la Judicatura dispondr? que los Jueces Promiscuos de Familia cumplan las funciones definidas para los jueces penales para adolescentes en el art?culo anterior relativas al juzgamiento y control de garant?as en procesos de responsabilidad penal para adolescentes. A falta de juez penal para adolescentes o promiscuo de familia, el juez municipal conocer? de los procesos por responsabilidad penal para adolescentes.

Par?grafo transitorio. La competencia de los Jueces Promiscuos de Familia en esta materia se mantendr? hasta que se establezcan los juzgados penales para adolescentes necesarios para atender los procesos de responsabilidad penal para adolescentes.

Art?culo 167. Diferenciaci?n funcional de los jueces. Se garantizar? que al funcionario que haya ejercido la funci?n de juez de control de garant?as en un determinado proceso de responsabilidad penal juvenil respecto por determinado delito, no se le asigne el juzgamiento del mismo.

Para la eficacia de esta garant?a, el Consejo Superior de la Judicatura y, por delegaci?n, los Consejos Seccionales de la Judicatura, adoptar?n las medidas generales y particulares que aseguren una adecuada distribuci?n de competencias entre los jueces penales para adolescentes, Jueces Promiscuos de Familia y jueces municipales.

Art?culo 168. Composici?n y competencias de las salas de asuntos penales para adolescentes. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial contar?n con Salas de Asuntos Penales para adolescentes, especializadas en los asuntos que versen sobre responsabilidad penal adolescente. Estas Salas estar?n integradas por un (1) Magistrado de la Sala Penal y dos (2) Magistrados de la Sala de Familia o en su defecto de la sala Civil, del respectivo Tribunal Superior.

En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes la segunda instancia se surtir? ante las Salas de Asuntos Penales para Adolescentes de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

Par?grafo. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura garantizar?n los recursos para la conformaci?n de las Salas de Asuntos Penales para Adolescentes con Magistrados especializados en el tema de la responsabilidad penal adolescente.

CAPITULO III

Reparaci?n del da?o

Art?culo 169. De la responsabilidad penal. Las conductas punibles realizadas por personas mayores de catorce (14) a?os y que no hayan cumplido los dieciocho (18) a?os de edad, dan lugar a responsabilidad penal y civil, conforme a las normas consagradas en la presente ley.

Art?culo 170. Incidente de reparaci?n. Los padres, o representantes legales, son solidariamente responsables, y en tal calidad, deber?n ser citados o acudir al incidente de reparaci?n a solicitud de la v?ctima del condenado o su defensor. Esta citaci?n deber? realizarse en la audiencia que abra el tr?mite del incidente.

Art?culo 171. De la acci?n penal. La acci?n penal ser? oficiosa salvo en aquellos delitos en los que exija su denuncia o querella.

Art?culo 172. Desistimiento. Los delitos querellables admiten desistimiento.

Art?culo 173. Extinci?n de la acci?n penal. La acci?n penal se extingue por muerte, desistimiento, prescripci?n, conciliaci?n y reparaci?n integral de los da?os cuando haya lugar, aplicaci?n del principio de oportunidad, y en los dem?s casos contemplados en esta ley y en el C?digo de Procedimiento Penal.

Art?culo 174. Del principio de oportunidad, la conciliaci?n y la reparaci?n integral de los da?os. Las autoridades judiciales deber?n facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliaci?n y la reparaci?n de los da?os, y tendr?n como principio rector la aplicaci?n preferente del principio de oportunidad. Estas se realizar?n con el consentimiento de ambas partes y se llevar?n a cabo con una visi?n pedag?gica y formativa mediante la cual el ni?o, la ni?a o el adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuaci?n delictiva y de las responsabi lidades que de ella se derivan. As? mismo, el conciliador buscar? la reconciliaci?n con la v?ctima.

Cuando de la aplicaci?n del principio de oportunidad se pudieren derivar riesgos para la vida y la integridad f?sica del adolescente, el juez competente deber? ordenar otras medidas de protecci?n, las cuales incluir?n, entre otras, ayudas econ?micas para el cambio de residencia de la familia. El Gobierno gestionar? la apropiaci?n de las partidas necesarias para cubrir a este rubro.

Art?culo 175. El principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes como part?cipes de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley. La Fiscal?a General de la Naci?n podr? renunciar a la persecuci?n penal, en los casos en que los adolescentes, en cualquier condici?n hayan hecho parte de grupos armados al margen de la ley, o hayan participado directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas o en los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley cuando:

1. Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su decisi?n las condiciones sociales, econ?micas y culturales de su medio para haber estimado como de mayor valor la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley.

2. Se establezca que la situaci?n de marginamiento social, econ?mico y cultural no le permit?an al adolescente contar con otras alternativas de desarrollo de su personalidad.

3. Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de orientar sus esfuerzos a conocer otra forma de participaci?n social.

4. Por fuerza, amenaza, coacci?n y constre?imiento.

Los adolescentes que se desvinculen de grupos armados al margen de la ley, tendr?n que ser remitidos al programa de atenci?n especializada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para ni?os, ni?as y adolescentes desvinculados de grupos armados irregulares.

Par?grafo. No se aplicar? el principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, cr?menes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con el Estatuto de Roma.

Art?culo 176. Prohibici?n especial. Queda prohibida la entrevista y la utilizaci?n en actividades de inteligencia de los ni?os, las ni?as y los adolescentes desvinculados de los grupos armados al margen de la ley por parte de autoridades de la fuerza p?blica. El incumplimiento de esta disposici?n ser? sancionado con la destituci?n del cargo, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.

CAPITULO V

Sanciones

Art?culo 177. Sanciones. Son sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal:

1. La amonestaci?n.

2. La imposici?n de reglas de conducta.

3. La prestaci?n de servicios a la comunidad

4. La libertad asistida.

5. La internaci?n en medio semi-cerrado.

6. La privaci?n de libertad en centro de atenci?n especializado.

Las sanciones previstas en el presente art?culo se cumplir?n en programas de atenci?n especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y deber?n responder a lineamientos t?cnicos dise?ados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Par?grafo 1?. Para la aplicaci?n de todas las sanciones la autoridad competente deber? asegurar que el adolescente est? vinculado al sistema educativo. El Defensor de Familia o quien haga sus veces deber?n controlar el cumplimiento de esta obligaci?n y verificar la garant?a de sus derechos.

Par?grafo 2?. El juez que dict? la medida ser? el competente para controlar su ejecuci?n.

Art?culo. 178. Finalidad de las sanciones. Las sanciones se?aladas en el art?culo anterior tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se aplicar?n con el apoyo de la familia y de especialistas.

El juez podr? modificar en funci?n de ?as circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades especiales las medidas impuestas.

Art?culo 179. Criterios para la definici?n de las sanciones. Para definir las sanciones aplicables se deber? tener en cuenta:

1. La naturaleza y gravedad de los hechos.

2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanci?n atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad.

3. La edad del adolescente.

4. La aceptaci?n de cargos por el adolescente.

5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez.

6. El incumplimiento de las sanciones.

Par?grafo 1?. Al computar la privaci?n de la libertad en centro de atenci?n especializada, la autoridad judicial deber? descontar el per?odo de internamiento preventivo al que haya sido sometido el adolescente.

Par?grafo 2?. Los adolescentes entre 14 y 18 a?os que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en este C?digo, terminar?n el tiempo de sanci?n en internamiento.

El incumplimiento por parte del adolescente del compromiso de no volver a infringir la ley penal, ocasionar? la imposici?n de la sanci?n de privaci?n de libertad por parte del juez.

Art?culo 180. Derechos de los adolescentes durante la ejecuci?n de las sanciones. Durante la ejecuci?n de las sanciones, el adolescente tiene los siguientes derechos, adem?s de los consagrados en la Constituci?n Pol?tica y en el presente c?digo:

1. Ser mantenido preferentemente en su medio familiar siempre y cuando este re?na las condiciones requeridas para su desarrollo.

2. recibir informaci?n sobre el programa de atenci?n especializada en el que se encuentre vinculado, durante las etapas previstas para el cumplimiento de la sanci?n.

3. recibir servicios sociales y de salud por personas con la formaci?n profesional id?nea, y continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado acad?mico.

4. comunicarse reservadamente con su apoderado o Defensor P?blico, con el Defensor de Familia, con el Fiscal y con la autoridad judicial.

5. Presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice la respuesta.

6. Comunicarse libremente con sus padres, representantes o responsables, salvo prohibici?n expresa de la autoridad judicial.

7. A que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponden y respecto de la situaci?n y los derechos del adolescente.

Art?culo 181. Internamiento preventivo. En cualquier momento del proceso y antes de la audiencia de juicio, el juez de control de garant?as, como ?ltimo recurso, podr? decretar la detenci?n preventiva cuando exista:

1. Riesgo razonable de que el adolescente evadir? el proceso.

2. Temor fundado de destrucci?n u obstaculizaci?n de pruebas.

3. Peligro grave para la v?ctima, el denunciante, el testigo o la comunidad.

Par?grafo 1?. El internamiento preventivo no proceder? sino en los casos en que, conforme a la gravedad del delito ser?a admisible la privaci?n de libertad como medida. Se ejecutar? en centros de internamiento especializados donde los adolescentes procesados deben estar separados de los ya sentenciados.

Par?grafo 2?. El internamiento preventivo no podr? exceder de cuatro meses, prorrogable con motivaci?n, por un mes m?s. Si cumplido este t?rmino el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el Juez que conozca del mismo lo har? cesar, sustituy?ndola por otra medida como la asignaci?n a una familia, el traslado a un hogar o a una instituci?n educativa.

Mientras se encuentren bajo custodia, los adolescentes recibir?n cuidados, protecci?n y toda la asistencia social, educacional, profesional, sicol?gica, m?dica y f?sica que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y caracter?sticas individuales.

Art?culo 182. La amonestaci?n. Es la recriminaci?n que la autoridad judicial le hace al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparaci?n del da?o. En todos los casos deber? asistir a un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana que estar? a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio P?blico.

En caso de condena al pago de perjuicios, el funcionario judicial exhortar? al ni?o, ni?a o adolescente y a sus padres a su pago en los t?rminos de la sentencia.

Art?culo 183. Las reglas de conducta. Es la imposici?n por la autoridad judicial al adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su modo de vida, as? como promover y asegurar su formaci?n. Esta sanci?n no podr? exceder los dos (2) a?os.

Art?culo 184. La prestaci?n de servicios sociales a la comunidad. Es la realizaci?n de tareas de inter?s general que el adolescente debe realizar, en forma gratuita, por un per?odo que no exceda de 6 meses, durante una jornada m?xima de ocho horas semanales preferentemente los fines de semana y festivos o en d?as h?biles pero sin afectar su jornada escolar.

Par?grafo. En todo caso, queda prohibido el desempe?o de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o que entorpezca la educaci?n del adolescente, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo f?sico, mental, espiritual, moral o social.

Art?culo 185. La libertad vigilada. Es la concesi?n de la libertad que da la autoridad judicial al adolescente con la condici?n obligatoria de someterse a la supervisi?n, la asistencia y la orientaci?n de un programa de atenci?n especializada. Esta medida no podr? durar m?s de dos a?os.

Art?culo 186. Medio semi-cerrado. Es la vinculaci?n del adolescente a un programa de atenci?n especializado al cual deber?n asistir obligatoriamente durante horario no escolar o en los fines de semana. Esta sanci?n no podr? ser superior a tres a?os.

Art?culo 187. La privaci?n de la libertad. La privaci?n de la libertad en centro de atenci?n especializada se aplicar? a los adolescentes mayores de diecis?is (16) y menores de dieciocho (18) a?os que sean hallados responsables de la comisi?n de delitos cuya pena m?nima establecida en el C?digo Penal sea o exceda de (6) a?os de prisi?n. En estos casos, la privaci?n de libertad en centro de atenci?n especializada tendr? una duraci?n de uno (1) hasta cinco (5) a?os.

En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) a?os sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsi?n, en todas sus modalidades, la privaci?n de la libertad en centro de atenci?n especializada tendr? una duraci?n de dos (2) hasta ocho (8) a?os.

Parte de la sanci?n impuesta podr? ser sustituida por el establecimiento de presentaciones peri?dicas, servicios a la comunidad, el compromiso de no volver a delinquir y guardar buen comportamiento, por el tiempo que fije el juez. El incumplimiento de estos compromisos acarrear? la p?rdida de estos beneficios y el cumplimiento del resto de la sanci?n inicialmente impuesta bajo privaci?n de libertad.

Par?grafo. Si estando vigente la sanci?n de privaci?n de la libertad el adolescente cumpliere los dieciocho (18) a?os, esta podr? continuar hasta que este cumpla los veinti?n (21) a?os. En ning?n caso esta sanci?n podr? cumplirse en sitios destinados a infractores mayores de edad.

Los Centros de Atenci?n Especializada tendr?n una atenci?n diferencial entre los adolescentes menores de dieciocho (18) a?os y aquellos que alcanzaron su mayor?a de edad y deben continuar con el cumplimiento de la sanci?n. Esta atenci?n deber? incluir su separaci?n f?sica al interior del Centro.

Art?culo. 188. Derechos de los adolescentes privados de libertad. Adem?s de los derechos consagrados en la Constituci?n Pol?tica y en la presente ley, el adolescente privado de libertad tiene los siguientes derechos:

1. Permanecer internado en la misma localidad, municipio o distrito o en la m?s pr?xima al domicilio de sus padres, representantes o responsables.

2. Que el lugar de internamiento satisfaga las exigencias de higiene, seguridad y salubridad, cuente con acceso a los servicios p?blicos esenciales y sea adecuado para lograr su formaci?n integral.

3. Ser examinado por un m?dico inmediatamente despu?s de su ingreso al programa de atenci?n especializada, con el objeto de comprobar anteriores vulneraciones a su integridad personal y verificar el estado f?sico o mental que requiera tratamiento.

4. Continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado acad?mico.

5. Que se le mantenga en cualquier caso separado de los adultos

6. Derecho a participar en la elaboraci?n del plan individual para la ejecuci?n de la sanci?n.

7. Derecho a recibir informaci?n sobre el r?gimen interno de la instituci?n, especialmente sobre las sanciones disciplinarias que puedan serle aplicables y sobre los procedimientos para imponerlas y ejecutarlas

8. No ser trasladado arbitrariamente del programa donde cumple la sanci?n. El traslado s?lo podr? realizarse por una orden escrita de la autoridad judicial.

9. No ser sometido a ning?n tipo de aislamiento.

10. Mantener correspondencia y comunicaci?n con sus familiares y amigos, y recibir visitas por lo menos una vez a la semana.

11. Tener acceso a la informaci?n de los medios de comunicaci?n.

Art?culo 189. Imposici?n de la sanci?n. Concluidos los alegatos de los intervinientes en la audiencia del juicio oral el juez declarar? si hay lugar o no a la imposici?n de medida de protecci?n, citar? a audiencia para la imposici?n de la sanci?n a la cual deber? asistir la Defensor?a de Familia para presentar un estudio que contendr? por lo menos los siguientes aspectos: Situaci?n familiar, econ?mica, social, psicol?gica y cultural del adolescente y cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de relevancia para imposici?n de la sanci?n. Escuchada la Defensor?a de Familia el juez impondr? la sanci?n que corresponda.

Las sanciones se impondr?n en la audiencia de juicio oral que debe ser continua y privada, so pena de nulidad. Si la audiencia de juicio no puede realizarse en una sola jornada, continuar? durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusi?n. Se podr? suspender por un plazo m?ximo de 10 d?as h?biles y la interrupci?n por m?s tiempo conlleva a la nueva realizaci?n del debate desde su inicio.

Art?culo 190. Sanci?n para contravenciones de polic?a cometidas por adolescentes. Las contravenciones de polic?a cometidas por adolescentes ser?n sancionadas de la siguiente manera:

Ser? competente para conocer el proceso y sancionar el Comisario de Familia del lugar donde se cometi? la contravenci?n o en su defecto el Alcalde Municip al.

Cuando la contravenci?n d? lugar a sanciones pecuniarias, estas ser?n impuestas a quien tenga la patria potestad o la custodia y este ser? responsable de su pago, el cual podr? hacerse efectivo por jurisdicci?n coactiva.

Las contravenciones de tr?nsito cometidas por adolescentes entre los 15 y los 18 a?os ser?n sancionadas por los Comisarios de Familia o en su defecto por el Alcalde Municipal.

Para la sanci?n de contravenciones cometidas por adolescentes se seguir?n los mismos procedimientos establecidos para los mayores de edad, siempre que sean compatibles con los principios de este C?digo y especialmente con los contemplados en el presente t?tulo.

Art?culo 191. Detenci?n en flagrancia. El adolescente sorprendido en flagrancia ser? conducido de inmediato ante el Fiscal Delegado para la autoridad judicial, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentar? al Juez de Control de Garant?as y le expondr? c?mo se produjo la aprehensi?n. Por solicitud del fiscal, la cual contendr? la acusaci?n, el juez de control de garant?as enviar? la actuaci?n al juez de conocimiento para que este cite a audiencia de juicio oral dentro de los 10 d?as h?biles siguientes. En lo dem?s se seguir? el procedimiento penal vigente, con las reglas especiales del proceso para adolescentes establecidas en el presente libro.

T I T U L O II

CAPITULO UNICO

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CUANDO LOS NI?OS, LAS NI?AS O LOS ADOLESCENTES SON VICTIMAS DE DELITOS

Art?culo 192. Derechos especiales de los ni?os, las ni?as y los adolescentes v?ctimas de delitos. En los procesos por delitos en los cuales los ni?os, las ni?as o los adolescentes sean v?ctimas el funcionario judicial tendr? en cuenta los principios del inter?s superior del ni?o, prevalencia de sus derechos, protecci?n integral y los derechos consagrados en los Convenios Internacionales ratificados por Colombia, en la Constituci?n Pol?tica y en esta ley.

Art?culo 193. Criterios para el desarrollo del proceso judicial de delitos en los cuales son v?ctimas los ni?os, las ni?as y los adolescentes v?ctimas de los delitos. Con el fin de hacer efectivos los principios previstos en el art?culo anterior y garantizar el restablecimiento de los derechos, en los procesos por delitos en los cuales sean v?ctimas los ni?os, las ni?as y los adolescentes la autoridad judicial tendr? en cuenta los siguientes criterios espec?ficos:

1. Dar? prioridad a las diligencias, pruebas, actuaciones y decisiones que se han de tomar.

2. Citar? a los padres, representantes legales o a las personas con quienes convivan, cuando no sean estos los agresores, para que lo asistan en la reclamaci?n de sus derechos. Igualmente, informar? de inmediato a la Defensor?a de Familia, a fin de que se tomen las medidas de verificaci?n de la garant?a de derechos y restablecimiento pertinentes, en los casos en que el ni?o, ni?a o adolescente v?ctima carezca definitiva o temporalmente de padres, representante legal, o estos sean vinculados como autores o part?cipes del delito.

3. Prestar? especial atenci?n para la sanci?n de los responsables, la indemnizaci?n de perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados.

4. Decretar? de oficio o a petici?n de los ni?os, las ni?as y los adolescentes v?ctimas de delitos, de sus padres, representantes legales, del Defensor de Familia o del Ministerio P?blico, la pr?ctica de las medidas cautelares autorizadas por la ley para garantizar el pago de perjuicios y las indemnizaciones a que haya lugar. En estos casos no ser? necesario prestar cauci?n.

5. Tendr? especial cuidado, para que en los procesos que terminan por conciliaci?n, desistimiento o indemnizaci?n integral, no se vulneren los derechos de los ni?os, las ni?as y los adolescentes v?ctimas del delito.

6. Se abstendr? de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecuci?n condicional cuando los ni?os, las ni?as o los adolescentes sean v?ctimas del delito, a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados.

7. Pondr? especial atenci?n para que en todas las diligencias en que intervengan ni?os, ni?as y adolescentes v?ctimas de delitos se les tenga en cuenta su opini?n, su calidad de ni?os, se les respete su dignidad, intimidad y dem?s derechos consagrados en esta ley. Igualmente velar? porque no se les estigmatice, ni se les generen nuevos da?os con el desarrollo de proceso judicial de los responsables.

8. Tendr? en cuenta la opini?n de los ni?os, las ni?as y los adolescentes v?ctimas de delitos en los reconocimientos m?dicos que deban practic?rseles. Cuando no la puedan expresar, el consentimiento lo dar?n sus padres, representantes legales o en su defecto el defensor de familia o la Comisar?a de Familia y a falta de estos, el personero o el inspector de familia. Si por alguna raz?n no la prestaren, se les explicar? la importancia que tiene para la investigaci?n y las consecuencias probables que se derivar?an de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en su negativa se acudir? al juez de control de garant?as quien decidir? si la medida debe o no practicarse. Las medidas se practicar?n siempre que sean estrictamente necesarias y cuando no representen peligro de menoscabo para la salud del adolescente.

9. Ordenar? a las autoridades competentes la toma de medidas especiales para garantizar la seguridad de los ni?os, las ni?as y los adolescentes v?ctimas y/o testigos de delitos y de su familia, cuando a causa de la investigaci?n del delito se hagan necesarias.

10. Informar? y orientar? a los ni?os, las ni?as y los adolescentes v?ctimas de delitos, a sus padres, representantes legales o personas con quienes convivan sobre la finalidad de las diligencias del proceso, el resultado de las investigaciones y la forma como pueden hacer valer sus derechos.

11. Se abstendr? de decretar la detenci?n domiciliaria, en los casos en que el imputado es miembro del grupo familiar del ni?o, ni?a o adolescente v?ctima del delito.

12. En los casos en que un ni?o ni?a o adolescente deba rendir testimonio deber? estar acompa?ado de autoridad especializada o por un psic?logo, de acuerdo con las exigencias contempladas en la presente ley.

13. En las diligencias en que deba intervenir un ni?o, ni?a o adolescente, la autoridad judicial se asegurar? de que est? libre de presiones o intimidaciones.

Art?culo 194. Audiencia en los procesos penales. En las audiencias en las que se investiguen y juzguen delitos cuya v?ctima sea una persona menor de dieciocho (18) a?os, no se podr? exponer a la v?ctima frente a su agresor. Para el efecto se utilizar? cualquier medio tecnol?gico y se verificar? que el ni?o, ni?a o adolescente se encuentre acompa?ado de un profesional especializado que adec?e el interrogatorio y contrainterrogatorio a un lenguaje comprensible a su edad. Si el juez lo considera conveniente en ellas s?lo podr?n estar los sujetos procesales, la autoridad judicial, el defensor de familia, los organismos de control y el personal cient?fico que deba apoyar al ni?o, ni?a o adolescente.

Art?culo 195. Facultades del defensor de familia en los procesos penales. En los procesos penales por delitos en los cuales sea v?ctima un ni?o, ni?a o adolescente, el defensor de familia podr? solicitar informaci?n sobre el desarrollo de la investigaci?n, para efectos de tomar las medidas de verificaci?n de la garant?a de derechos y restablecimiento pertinentes.

Continuara..........
Publicado por ingebel @ 12:24 AM | 4 Comentarios | Enviar

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  • Autor: Invitado
  • Fecha: Jueves, 23 de julio de 2009
  • Hora:10:40 AM
ES DE GRAN SATISFACCION Y AYUDA LO QUE EN ESTE LIBRO SE ENCUENTRA ME ACLARO MUCHAS DUDAS AL RESPECTO DEL TEMA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA MUCHAS GRACIAS ES UNA PAGINA MUY INTERESANTE.


ATTE. O.P.N.B.

  • Autor: dian gomez
  • Fecha: Domingo, 23 de agosto de 2009
  • Hora:1:01 PM
Quisiera saber si una demanda de alimentos prime sobre una demanda de impuestos al gobierno colombiano.

  • Autor: Invitado
  • Fecha: Domingo, 23 de agosto de 2009
  • Hora:1:13 PM
Quisiera saber si una demanda de alimentos prima sobre una demanda por impuestos que se le deban al gobierno colombiano.

Responder por favor a [email protected]

  • Autor: Invitado
  • Fecha: Domingo, 06 de febrero de 2011
  • Hora:9:11 PM

Los Colegios Pueden Obligarnos a Cortarnos el Cabello y a mantenerlo como ellos lo dicen?

 


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